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Javier Casado pone el foco en cerca de 600.000 euros de saldos de dudoso cobro y habla de sobrecostes en obras y contratos, mientras el PP rechaza que esos datos demuestren irregularidades y le pide que concrete sus acusaciones.
La Cuenta General de 2025 de Navalagamella ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el Partido Popular y La Alternativa. El portavoz de esta última formación, Javier Casado, ha difundido un vídeo de unos 17 minutos en el que analiza la situación económica municipal y cuestiona diferentes aspectos de la gestión del Ayuntamiento.
La polémica coincide con la exposición pública de las cuentas correspondientes al pasado ejercicio. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó el 20 de agosto el anuncio por el que la Cuenta General de 2025, una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta durante 15 días para que los interesados puedan formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Entre los datos sobre los que La Alternativa pone el foco se encuentran cerca de 600.000 euros contabilizados como saldos de dudoso cobro. Casado también cuestiona diferentes decisiones económicas y habla de posibles “sobrecostes” relacionados con obras y contratos municipales.

El Partido Popular de Navalagamella ha respondido con un comunicado titulado “Javier Casado miente, una vez más”, en el que acusa al portavoz de La Alternativa de tratar de convertir la Cuenta General en “un relato político”.
Los populares sostienen que las cifras que aparecen en la documentación municipal son reales, pero rechazan la interpretación que Casado hace de ellas.
Uno de los principales argumentos del PP es que la Cuenta General no es elaborada políticamente por el Gobierno municipal. En este punto, la legislación establece efectivamente que la Cuenta General es formada por la Intervención municipal y posteriormente sometida al informe de la Comisión Especial de Cuentas, donde están representados los distintos grupos políticos. Después pasa por exposición pública y finalmente debe someterse al Pleno.
Eso no impide, sin embargo, que los grupos de la oposición puedan utilizar la Cuenta General para fiscalizar y cuestionar la gestión económica desarrollada por el Gobierno municipal, ya que precisamente el documento refleja la ejecución presupuestaria y la situación económico-financiera y patrimonial de la entidad local.
Este es uno de los puntos que más discusión ha generado.
El PP explica que los saldos de dudoso cobro corresponden fundamentalmente a cantidades que el Ayuntamiento tiene reconocidas como pendientes de recibir pero cuya recaudación presenta dificultades, y sostiene que no pueden interpretarse directamente como dinero gastado o perdido.
La normativa de contabilidad local respalda esa definición. Los saldos de dudoso cobro son derechos pendientes cuya recaudación se considera difícil o incluso imposible y, para calcularlos, deben tenerse en cuenta factores como la antigüedad de la deuda, su importe, su naturaleza y los porcentajes históricos de recaudación. Además, esas cantidades se descuentan al calcular el remanente de tesorería disponible para gastos generales.
Por tanto, que aparezcan cerca de 600.000 euros bajo ese concepto no significa por sí mismo que el Ayuntamiento haya perdido o gastado esa cantidad de dinero.
Eso tampoco impide analizar políticamente la cifra. Su evolución respecto a ejercicios anteriores, la antigüedad de las deudas o la eficacia de la recaudación municipal pueden ser objeto de fiscalización, aunque para determinar si existe una situación anómala sería necesario conocer esos datos con mayor detalle.
Otro de los puntos señalados por La Alternativa son los posibles sobrecostes en determinadas obras y contratos.
El PP responde directamente a esta acusación y reclama que Casado identifique qué contrato, qué expediente, qué importe, qué informe y qué norma considera incumplidos.
Aquí también resulta importante distinguir entre la crítica política y una posible irregularidad administrativa. Que el coste final de una actuación sea superior a una cantidad inicialmente prevista no demuestra, por sí solo, que exista una actuación irregular, ya que puede haber modificaciones o incrementos debidamente tramitados. Para sostener la existencia de irregularidades sería necesario analizar los expedientes concretos y la documentación correspondiente.
Javier Casado figura actualmente como concejal de La Alternativa, junto a María Gutiérrez Serrano y María de los Ángeles Gutiérrez Hernández, mientras que el Gobierno municipal está encabezado por el alcalde Andrés Samperio, del Partido Popular.
La discusión sobre las cuentas se suma así a los numerosos enfrentamientos que Gobierno y oposición vienen manteniendo durante la legislatura.
La Cuenta General de 2025 se encuentra ahora precisamente en la fase prevista legalmente para su fiscalización pública. Durante este periodo pueden presentarse observaciones y reclamaciones antes de que el documento continúe su tramitación y sea sometido al Pleno municipal.